(CRHoy.com). En medio del convulso 2020 y la sacudida provocada por el COVID-19 en muchos ámbitos de la realidad nacional hay algo que para el gobierno seguirá como eje fundamental: el proyecto del Tren Rápido de Pasajeros (TRP), conocido como el Tren Eléctrico Metropolitano (TEM).
La propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo, con un papel trascendental de Claudia Dobles, Primera Dama de la República, y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) está estimada en $1.550 millones.
La ambiciosa obra sería dada en concesión a una empresa privada, pero contaría con un aporte estatal de $550 millones financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Cuando esté en operación, el Estado daría un aporte anual que rondaría entre los $50 millones y los $150 millones ¿De dónde saldrían esos recursos? Hoy no se sabe.
Además de esa gran incógnita, existen distintas voces que advirtieron dudas con el plan. Por ejemplo, Miguel Carabaguíaz, expresidente ejecutivo de Incofer (2005-2014), apuntó a la necesidad de una propuesta más austera y acorde a la realidad socioeconómica que enfrenta el país. Mientras otros, como Luis Enrique Loría Rebolledo, doctor en economía e investigador de la Universidad de Aberdeen (Escocia), cuestionaron detalles trascendentales en el estudio de viabilidad elaborado por la consultora española IDOM.
Actualmente, la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa discute la aprobación del crédito otorgado por el BCIE
“El proyecto del tren es parte de ese futuro posible. Es que se ha querido construir una dualidad que no es cierta. El proyecto del tren, por un lado, se empezaría a pagar en 2026. Si en 2026 seguimos con los problemas financieros del COVID-19, el problema no es el tren. El problema es que ya Costa Rica estaría en otro lugar que no es el que queremos”, dijo este miércoles Carlos Alvarado, presidente de la República, en el programa Hablando Claro, de Radio Columbia.
Según el mandatario, la discusión sobre el proyecto no debe encasillarse entre el “todo o nada” y agregó que “hay que poner en valor lo que eso tiene que ver en cuanto a salud y a desarrollo. Tengo la esperanza ahí (…) la discusión del tren no la tenemos que hacer en una discusión de todo o nada. Hay un margen para el entendimiento de cuál tiene que ser eso y en ese margen como gobierno estamos. Lo que no puede ser es un nada. Igual, tenemos 20 años dibujando planos para hacer un tren. Es una oportunidad que no podemos (desaprovechar)”, subrayó Alvarado.
El proyecto
El trazado del tren eléctrico, que se daría en concesión a una empresa privada, se extendería por 84 kilómetros con 5 líneas sobre el derecho de vía actual de Incofer: Paraíso-Atlántico, Atlántico-Alajuela, Alántico-Ciruelas, Alajuela-Ciruelas y Ciruelas-El Coyol.
La inversión total rondaría los $1.550 millones, con un aporte estatal inicial de $550 millones financiados por el crédito del BCIE (cuya aprobación se discute en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa)
Dependiendo de la oferta de las compañías, el Estado hará el aporte anual que oscilaría entre los $50 millones y las $ 150 millones. ¿De dónde saldrán esos recursos estatales? Aún no se sabe.
Las estimaciones iniciales apuntan a que el servicio tendría una tarifa de 600 colones. La demanda proyectada en el modelo es de 22.574 pasajeros en hora pico (en el año de inicio de operación), lo cual representa aproximadamente 200 mil pasajeros diarios y 50 millones de pasajeros al año.
El plan del Poder Ejecutivo según el cronograma dispuesto es que la empresa concesionaria quede seleccionada en los primeros meses de 2021.
Si todo sale como está previsto, las 2 primeras líneas del tren eléctrico funcionarán en 2023. La concesión se otorgaría por un plazo de 30.5
años. La propuesta se complementa con 46 estaciones (10 intermodales), 264 cruces y 72 cruces a nivel, con frecuencias de 5 minutos en horas pico y 15 minutos en horas valle. Para ese fin, la flotilla sería de 78 trenes (6 de reserva) y una capacidad de movilización de 200 mil pasajeros por día.
